Defender el ambiente en América Latina y el Caribe
México comparte con muchos de sus vecinos latinoamericanos y caribeños, una paradoja: una biodiversidad excepcional e invaluable, así como una historia común marcada por la desigualdad estructural y la violencia contra quienes dedican su vida a proteger la vida misma. Esta dolorosa contradicción —entre la diversidad ecológica y la agresión sistemática a quienes la resguardan— atraviesa todos los territorios, las comunidades y los cuerpos de quienes defienden la región.
El capítulo sobre México parte de una convicción central: el Acuerdo de Escazú no debe quedarse como letra muerta. Si bien sus principios ya se encuentran, en parte, en tratados internacionales y en nuestra legislación nacional, Escazú tiene una fuerza diferenciadora: pone en el centro a las personas defensoras y responde al contexto latinoamericano, donde los conflictos socioambientales son profundos y persistentes. Es un tratado pensado desde y para la región, con un enorme potencial transformador si es activado desde los territorios y llevado a los tribunales.
En ese sentido, hay que recalcar que dolorosamente no hay forma de hablar de ningún tema asociado al Acuerdo de Escazú sin previamente mencionar el peligro que viven las y los defensores del territorio, los guardianes de la vida.
En ese sentido, el capítulo que presentamos documenta una experiencia concreta de justiciabilidad de Escazú en México, a través del litigio estratégico. A finales de 2023, un grupo de ejidatarios del Ejido Río Playa, en Tabasco, ganó un juicio de amparo contra la imposición de un Programa de Manejo ambiental aprobado sin consulta previa. El caso fue resuelto por dos juezas federales que no solo anularon el acto reclamado, sino que integraron el Acuerdo de Escazú como parámetro de control constitucional. Reconocieron que los derechos a la participación y a decidir sobre el territorio no son concesiones del Estado, sino obligaciones jurídicas exigibles.
Este caso muestra que Escazú puede ser un instrumento real de justicia climática, especialmente cuando se articula con el litigio, la organización comunitaria y el compromiso judicial. Como decimos en el capítulo, las juezas no asumieron un rol pasivo ni formalista; actuaron como guardianas de lo común, defendiendo no solo derechos individuales, sino el territorio restaurado por una comunidad que ha cuidado su manglar durante casi dos décadas.
Nuestra principal preocupación es que Escazú no se diluya en reformas formales o promesas institucionales que no llegan a los territorios. El desafío es garantizar que sus principios —participación, acceso a la información, protección a personas defensoras— no solo existan en el papel, sino que abran ventanas reales de acceso a la justicia, incluso para quienes históricamente han sido excluidas.
Desde Nuestro Futuro creemos que defender el ambiente es defender el futuro, y que Escazú es, sobre todo, una herramienta para transformar la forma en que entendemos la democracia ambiental en la región.
